El miércoles 10 de septiembre de 2025 será una jornada decisiva en el Congreso de los Diputados, donde se debatirá de nuevo la proposición de ley para la reducción de la jornada laboral. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de coalición, busca establecer una jornada máxima de 37,5 horas semanales sin merma salarial, una medida que ha generado un intenso debate político y social en los últimos meses.
La sesión plenaria se centrará en las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición. El Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya han solicitado el rechazo de la tramitación de la ley, argumentando su potencial impacto negativo en la productividad de las empresas, especialmente en las pymes, y un posible aumento de los costes laborales que podría frenar la creación de empleo.
Por su parte, el Gobierno, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la medida como un avance "necesario" para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar el bienestar de los trabajadores y modernizar el mercado de trabajo español. Desde el Ejecutivo se argumenta que una jornada más reducida puede incluso incrementar la productividad por hora trabajada y dinamizar el consumo.
El voto decisivo lo tiene Junts per Catalunya, que se ha mostrado crítico con la propuesta en su redactado actual, compartiendo con los partidos de la derecha la preocupación por el efecto en las pequeñas y medianas empresas catalanas. Sin embargo, no se descartan negociaciones de última hora que puedan modificar su posición y permitir que la ley continúe su andadura parlamentaria.
Así mismo, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han convocado concentraciones en las inmediaciones del Congreso para mostrar su respaldo a la reducción de la jornada laboral, una reivindicación histórica del movimiento obrero. Consideran que es un paso "imprescindible" para repartir los frutos del aumento de la productividad y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. La movilización en Madrid tendrá lugar en la Plaza de las Cortes por la tarde, sobre las 16.00 horas, hora prevista para la votación a la totalidad del proyecto de ley si ningún grupo político retira las enmiendas.
El debate se prevé intenso y de resultado incierto. En caso de que las enmiendas a la totalidad no prosperen, la proposición de ley continuaría su tramitación en la Comisión de Trabajo, donde los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas parciales para modificar su contenido. Si, por el contrario, alguna de las enmiendas de devolución obtiene la mayoría de los votos, la iniciativa legislativa decaería y el Gobierno se vería obligado a replantear su estrategia para sacar adelante una de las medidas estrella de su programa.
La Ministra de Trabajo reconoce que no sabe qué pasará en la votación, consciente de que no gozan de mayoría parlamentaria. Díaz ha manifestado que quien vote en contra de la norma, “golpeará a 12 millones y medio de trabajadores (...)”, “La votación no la pierdo yo, la pierde la gente trabajadora de este país (...)”.
La reforma del registro horario se aprobará, sí o sí, via decreto real
Si finalmente cae el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo aprobará vía decreto la parte del proyecto correspondiente a las reformas del registro horario, que deberán ser obligatoriamente digitales, además de que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto (online) a los mismos. Además, prevé multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario.
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Yolanda Díaz dice que el registro horario actual “no sirve para nada”. “Tanto es así que el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al Reino de España porque nuestro registro horario no es verificable, objetivable y una serie de cosas más. Por tanto, nosotros, al día siguiente (de la votación), vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país”, ha comentado.
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