¿Tu empresa está preparada para la Ley de Protección del Informante?

Quedan muy pocos días para que entre en vigor la Ley de Protección del Informante, que obligará a las PYMES de entre 50 y 250 empleados, a partir del 1 de diciembre de 2023, a habilitar un Canal de Denuncias, o un canal interno de comunicación destinado a tal efecto.

Este es el objetivo de la Ley 2/2023, que las empresas implementen un sistema interno de comunicación donde, trabajadores y colaboradores externos, puedan informar sobre infracciones administrativas, económicas y normativas, así como de conductas delictivas, de forma anónima y garantizando la confidencialidad. Para la correcta implementación y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley, se prevé crear la “Autoridad Independiente de Protección del Informante”, una administración pública independiente, de ámbito estatal y vinculada al ministerio de Justicia, que será la encargada de recibir las denuncias de los informantes, ya sea a través de una denuncia directa de un informante, o de una previa vinculación con el canal de denuncias de la empresa.

¿Está tu empresa en riesgo por la nueva ley?

¿Por qué mi empresa necesita un canal de denuncias?

¿Qué implica la Ley de Protección del Informante?

Pues básicamente, las PYMES de entre 50 y 250 trabajadores van a tener que:

Implementar un Canal de Denuncias, que funcione bajo las directrices que indica la ley. El sistema tiene que poder recoger las denuncias y trasladarlas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, o el órgano autonómico equivalente. Tiene que garantizar el anonimato y la confidencialidad del informante cuando las denuncias se hagan vía digital. Aunque la ley también permite que las denuncias puedan realizarse mediante un escrito, verbal, o presencialmente, en este caso, y por razones obvias, no se obliga a garantizar el anonimato.

Designar un responsable para el Canal de Denuncias, o más de uno, que deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Dicho responsable no puede recibir órdenes ni indicaciones por parte de la dirección de la empresa en relación con estas funciones. Así mismo, debe recibir formación específica y contar con las herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones, la gestión de las denuncias, la aplicación de los códigos de conducta de la empresa y la realización de cursos formativos a los trabajadores en cuanto a la prevención de infracciones y la utilización del canal de denuncias.

Cumplir con todo lo anterior antes del 1 de diciembre de 2023. Las sanciones previstas por la ley para las PYMES que no adopten este canal de comunicación y sus regulaciones, pueden llegar de los 300.000 euros hasta el millón de euros, así como la prohibición y veto a la empresa para obtener subvenciones y beneficios fiscales, y poder ser contratada por el sector público.

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